La Feria de Córdoba no es una zona libre de impuestos
La Feria de Córdoba no es una zona libre de impuestos. La reciente reacción del concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, frente a los requerimientos de la Agencia Tributaria a los caseteros de la Feria, no solo sorprende: indigna. Defender públicamente que se paralicen controles fiscales en plena actividad económica, con el argumento de que “no es el momento”, es asumir que la tradición justifica la opacidad. Y eso, en democracia, no se puede permitir.
Según ha denunciado el propio concejal, la solicitud de Hacienda representa “un jarro de agua fría” y llega en “el peor momento”, justo cuando los feriantes están ultimando los preparativos de cara a la inminente feria. Pero lo más preocupante no es el momento —que puede ser discutible—, sino el mensaje: se lamenta que se pida transparencia, que se exija lo que el resto de ciudadanos estamos obligados a presentar año tras año. ¿Acaso la Feria debe situarse al margen de la ley fiscal?
Esta columna de opinión está creada a partir de la noticia publicada en el Diario de Córdoba.
Lo que Hacienda exige… es lo que todos debemos cumplir
Lo que está ocurriendo no es una caza de brujas, sino una actuación normal dentro del marco legal: Hacienda ha solicitado a los titulares de las casetas información sobre gastos de montaje, hostelería, seguridad, e incluso posibles ingresos no declarados. En otras palabras: se pide que se rinda cuentas de una actividad económica que, como cualquier otra, genera beneficios y, por tanto, debe tributar. Ni más ni menos que lo que se le exige a cualquier autónomo, empresa o trabajador.
El problema no es el control, sino la defensa de la irregularidad
La cuestión de fondo no es la fiscalización en sí, sino la reacción política. Que un representante público salga en defensa de prácticas presuntamente irregulares, y lo haga apelando a la “sensibilidad con las fiestas andaluzas”, resulta como mínimo insultante. No se trata de atacar nuestras tradiciones, sino de garantizar que todas las actividades económicas, incluso las que se amparan en el folclore, cumplan con las normas básicas de equidad fiscal.
Porque si algo es un verdadero jarro de agua fría, es para el ciudadano que paga sus impuestos rigurosamente, para el autónomo que factura cada euro, para el pequeño comerciante que cumple sin rechistar, mientras desde las instituciones se sugiere que hay espacios —como la feria— donde rendir cuentas parece opcional.
Tradición no es sinónimo de impunidad
La Feria es una de nuestras grandes celebraciones, un símbolo de identidad colectiva y alegría compartida. Precisamente por eso, debería ser también un ejemplo de cumplimiento legal y de responsabilidad común. Defender lo contrario no es defender la fiesta, es convertirla en un refugio de privilegios que no deberían existir en una sociedad democrática.